¿Cómo evitar que tu empresa sea víctima del lavado de activos?
Publicado el 30 de mayo, 2018
Al Capone – el famoso gángster estadounidense de la década de los años veinte y treinta – fue quien se hizo célebre por utilizar las ganancias obtenidas del tráfico de drogas y alcohol, la comercialización de la prostitución y la extorsión para crear una serie de negocios de lavandería en su país.
Esta estrategia, misma que le funcionó durante varios años, fue alegar que el pago que recibía de sus clientes era en efectivo. Esto le permitió ocultar estas ganancias para incorporarlas en la economía local y justificar, de manera contable, que ese dinero no provenía de la comisión de un delito.
En ese entonces, el sistema financiero de Estados Unidos no tenía control sobre los fondos de sus clientes, quienes podían depositar grandes sumas de dinero en efectivo sin justificar su origen. La policía, al realizar investigaciones, no podía procesar a Al Capone porque no encontraban pruebas. El término “lavado de dinero” proviene justamente de ese contexto.
A raíz de esta problemática, y muchos años después de que empezara el negocio de Al Capone, el gobierno norteamericano publicó la Ley del Secreto Bancario, en 1970. Ésta estipulaba que las instituciones financieras estaban obligadas a conservar los documentos de las operaciones que realizaban sus clientes, así como la identificación de los clientes mismos.
Esas fueron las primeras bases de lo que significa un sistema de prevención de lavado de activos. Claudia Chamorro, quien ha laborado como especialista de la Dirección de Fiscalización y Cumplimiento en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua, explica en esta entrevista cómo nuestro país ha adoptado medidas de prevención en el tema. A continuación, sus respuestas:
En Nicaragua, ¿cuándo empiezan a surgir regulaciones como las de Estados Unidos?
En octubre de 1996, el gobierno de Nicaragua firmó una acta de entendimiento con los gobiernos miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe. Es a partir de entonces que el país empieza a trabajar con el tema de prevención de lavado de activos como parte de una política pública.
En Estados Unidos ya se contaba con regulaciones sobre la materia, así que aquellos bancos, financieras y bolsas de valores nacionales que contaban con bancos corresponsales, debían contar con manuales de procedimientos y políticas de prevención de activos.
Es decir que las grandes instituciones financieras, desde antes de que se estableciera una regulación legal más amplia, ya estaban aplicando medidas de prevención, pero con fines de ética, desarrollada entre sus colaboradores.
Pero hubo un momento en que, además de hacerlo de buena fe, hubo una evaluación por parte de entidades internacionales como el GAFI…
Sí, en 205 inició un proceso de evaluación de parte del CAFI hacia el Estado de Nicaragua, como país, en lo que respecta al desarrollo de políticas públicas en materia de prevención de lavado de dinero.
Específicamente en la tercera ronda de evaluación salimos muy mal como país porque teníamos muchas deficiencias. A raíz de esto, Nicaragua elabora un plan de acción con más de 156 actividades para superar las deficiencias que teníamos hasta el momento.
El documento se presentó hasta 2008. Pasaron tres años (…) había una falta de compromiso político con respecto al Grupo de Acción Financiera del Caribe. Es allí en la que Nicaragua entra a la lista gris del GAFI.
En ese contexto, ¿de quién surgió el verdadero interés de desarrollar un sistema de prevención?
Personalmente, considero que el país no tenía otra alternativa. Teníamos una baja calificación emitida por un organismo internacional al que pertenecen todos los países del mundo. Había que decidir si respondíamos reconstruyendo una imagen positiva, contrarrestando el crimen organizado para así garantizar un mayor desarrollo económico.
Es una presión que provino principalmente del CAFI. Estábamos a un paso de entrar en una lista negra y eso implicaba que todos los países miembros de la organización no podrían tener relaciones financieras con nosotros, además de un sinnúmero de sanciones.
¿Cuál es la situación de Nicaragua después de más de una década de haber tenido una mala evaluación ante el GAFI?
Ya no estamos en la lista gris. Han sido pasos agigantados y una mejora sostenida. A raíz de esto es que se aprueba la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero y, desde entonces, se ha venido trabajando en superar las más de 150 actividades que se había propuesto Nicaragua para salir de la lista gris del GAFI.
¿Quiénes son las personas naturales o jurídicas obligadas a reportar sus actividades financieras?
Mediante la Ley 793 se establece que algunos sectores económicos son los que están obligados a reportar. No está dirigida para toda la población o todos los empresarios o profesionales. Sin embargo, con respecto a los estándares del GAFI se requiere una mayor amplitud para todas las profesiones no financieras designadas, pero que por su naturaleza jurídica realizan de una u otra manera operaciones financieras o de contacto, o que están en mayor riesgo a ser vulnerados. Por ejemplo, los abogados, notarios públicos y contadores públicos.
¿Quiénes a nivel nacional o regional son las principales víctimas de lavado de dinero?
Las principales víctimas son el Estado y toda la ciudadanía por dos principales motivos:
El primero es el crecimiento desmedido o la proliferación del crimen organizado dentro del país, que trae un sinnúmero de consecuencias relacionadas a la inseguridad ciudadana y el crecimiento delictivo.
El segundo es la competencia desleal y el crecimiento económico irreal. Una economía sustentada en bases infértiles, demasiado flexibles, que cambian de un segundo a otro y que registra un crecimiento económico alto de manera anual y luego un decrecimiento mayúsculo.
Recordemos que una vez que las organizaciones criminales son detectadas, allí termina todo. Ya no habrá beneficios de una actividad, por lo tanto no habrá una sobre producción de un producto determinado o sobre oferta de un servicio en específico.
Hasta la fecha, ¿cuáles son los casos más célebres en Nicaragua que se han logrado identificar, judicializar y penalizar?
Han habido varios, pero el más representativo es el del empresario Henry Fariñas. Lo digo porque no solo dirigía una organización transnacional que abarcaba cuentas en Costa Rica y Panamá, sino porque en ella se vio involucrado un magistrado del Consejo Supremo Electoral, quien facilitaba la obtención de cédulas de identidad de personas que pertenecían a esa organización.
¿Qué tipo de preparación o herramientas necesita una persona que está interesada en aprender sobre mecanismos de prevención de lavado de activos?
Entre las habilidades que debería tener este profesional es la capacidad analítica, el dinamismo y la iniciativa, porque hay que diseñar muchas herramientas como manuales, matrices de riesgo y análisis de riesgo. Pero sobre todo, desarrollar un análisis de operaciones inusuales que puedan llevar a la detección de una operación sospechosa que deba ser reportada a la Unidad de Análisis Financiero.
Si una empresa de mediano a gran tamaño quiere incursionar en la prevención de lavado de activos, ¿qué debería hacer?
Primero, verificar si está obligada a tener un sistema de prevención de lavado de activos. Y una vez que esté dentro de la ley, clasificada como sujeto obligado, registrarse ante la autoridad competente. En Nicaragua hay tres: la Superintendencia de Bancos (SIBOIF), CONAMI y la Unidad de Análisis Financiero.
Todos estos sectores se someten a un sinnúmero de regulaciones, entre ellas nombrar a una persona que se encargue de administrar el programa de prevención (diseñarlo, implementarlo y someterse a las supervisiones periódicas de los entes reguladores).
¿Habiendo superado gran parte de las deficiencias que se habían identificado en el pasado, cuáles son los principales retos que enfrenta Nicaragua hoy en este tema?
Nosotros acabamos de pasar este año la cuarta ronda de evaluaciones. En esta salimos mejor con respecto a la anterior, porque tenemos superadas la mayoría de las deficiencias estratégicas. El GAFI nos ha dicho que estamos cumpliendo en el ámbito técnico, pero que ahora necesitan evaluar la efectividad de nuestros instrumentos jurídicos.
Hoy día, uno de los mayores retos para el país es aprobar una Ley Nacional Antilavado y que exista mayor efectividad en la detección de operaciones sospechosas que constituyan este delito. Esto significa que haya un mejor manejo de las estadísticas y un alcance más amplio por parte de los órganos de investigación.
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